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¿Qué es la Ley de la Transparencia?

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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.

La Ley establece las obligaciones de publicación que afectan a las entidades públicas para garantizar la transparencia en su actividad y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

pdf Ley de la Transparencia

Entidades a las que afecta la ley

La ley afecta, entre otras, a entidades como la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y administraciones locales. También a la Casa Real, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, agencias estatales, entidades públicas empresariales, entidades gestoras de la Seguridad Social, fundaciones del sector público, etc. Se incluye a sociedades mercantiles en las que participen entidades públicas con un capital superior al 50%. Sin embargo, no todas tienen las mismas obligaciones.

Sólo ciertas disposiciones de la ley se aplican a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones públicas de más de 100.000 € o cuando al menos un 40% de sus ingresos anuales provienen de fondos públicos, siempre que alcancen 5.000 € de cantidad mínima.

Título 1: Transparencia

Publicidad activa

La ley obliga a las administraciones públicas a difundir información relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite.

Se debe publicar en sedes electrónicas o páginas web. Esa información debe ser:

  • Periódica
  • Actualizada
  • Clara
  • Gratuita
  • Estructurada
  • Entendible
  • Accesible universalmente, es decir, comprensible también, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual
  • De calidad
  • Identificable
  • Localizable
  • Que funcione en varios sistemas interoperabilidad
  • Dispuesta formatos reutilizables, es decir, formatos con los que las personas puedan fácilmente realizar búsquedas, selección y elaborar obras derivadas

Qué información se debe publicar activamente

Las entidades a las que se le aplica esta publicidad activa deben difundir información como la siguiente:

  • Información relativa a sus funciones y estructura
  • Organigrama, perfil y trayectoria profesional de sus responsables
  • Contratos, su objeto, duración, importe, procedimiento, etc.
  • Estadísticas del volumen presupuestario de contratos
  • Relación de convenios suscritos, indicando también su objeto, duración, obligaciones, etc.
  • Subvenciones y ayudas públicas concedidas
  • Presupuestos, describiendo las principales partidas
  • Cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización
  • Retribuciones de las personas con mayor responsabilidad
  • Declaraciones anuales de bienes y actividades de representantes locales

Concretamente para las Administraciones Públicas:

  • Planes y programas anuales y plurianuales y medios previstos para su ejecución, indicadores de valoración, grado de cumplimiento y resultados
  • Anteproyectos de Ley, proyectos de Decretos Legislativos cuya y proyectos de Reglamentos iniciativa les corresponda
  • Relación de bienes inmuebles de su propiedad

Derecho de acceso a la información pública

La información pública son todos los contenidos o documentos que esté en el poder, hayan sido elaborado o adquiridos por las entidades a las que se les aplica la ley de transparencia.

Este derecho está limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional o pública, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional, propiedad intelectual, protección del medio ambiente, entre otros casos.

En el caso de que afecte a datos personales especialmente protegidos, la persona afectada debe dar su consentimiento.

Las ciudadanas y ciudadanos pueden solicitar información a las Administraciones identificándose e indicando una forma de contacto, pero no es obligatorio exponer los motivos de la solicitud de información.

La Administración tendrá un mes para resolver la consulta o dos si el volumen o complejidad lo hace necesario.

Portal de la Transparencia

La ley obliga a la creación de esta herramienta, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, para publicar la información obligatoria por ley que deba proveer la Administración General del Estado, así como la solicitada de forma más frecuente por la ciudadanía.

Título 2: Buen Gobierno

La ley obliga a actuar con transparencia, imparcialidad, igualdad de trato y diligencia a responsables de las administraciones públicas y entidades del sector público estatal.

Título 3: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

Sus funciones son:

-Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

-Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

-Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que estén relacionados con su objeto.

-Evaluar el grado de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

-Promover la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

-Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

-Colaborar con órganos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.

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